El expresidente Martín Vizcarra ha sido notificado formalmente sobre la decisión del juez Jorge Chávez Tamariz, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Este dictó cinco meses de prisión preventiva en su contra por presuntos sobornos relacionados con las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, durante su gestión como gobernador regional de Moquegua.

El magistrado aceptó el pedido del fiscal provincial Germán Juárez, del Equipo Especial Lava Jato, el pasado 13 de agosto. Vizcarra deberá permanecer en un penal hasta enero de 2026, a la espera de la sentencia del caso Lomas de Ilo, donde se solicita una pena de 15 años de prisión. Tras la audiencia, el exmandatario fue detenido de inmediato y pasó la noche en una carceleta, siendo trasladado al penal Barbadillo al día siguiente, conforme a lo dispuesto por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Con la notificación formal, la defensa de Vizcarra tiene la posibilidad de presentar un recurso de apelación contra la prisión preventiva. Esto permitiría que una Sala Penal de Apelaciones Nacional revise la decisión del juez, ya sea para revocarla o confirmarla. Sin embargo, la apelación no sería la única acción legal que se prevé. El abogado Erwin Siccha ha indicado que están considerando presentar una denuncia penal contra el juez Chávez Tamariz por presunto prevaricato.

Siccha argumentó que el juez afirmó incorrectamente que el Ministerio Público había cuestionado el arraigo familiar de Vizcarra, lo cual, según él, nunca sucedió. "No se puede ser tan ligero de afirmar argumentos para privar a una persona de su libertad y asumirlo como ciertos, vulnerando todo tipo de garantías", expresó el abogado.

En su resolución, el juez argumentó que Vizcarra no tiene arraigo familiar, ya que sus hijos mayores son independientes y su hijo menor vive con su madre en Moquegua, mientras que él reside en Lima. Esta afirmación ha sido objeto de críticas por parte de la defensa.

Además, el abogado Siccha denunció que, hasta el 14 de agosto, el juez aún no había notificado la resolución, a pesar de haberse comprometido a hacerlo el mismo día de la dictación de la prisión preventiva. "Están restringiendo el derecho de defensa del señor Martín Vizcarra", protestó Siccha, cuestionando la falta de notificación y sugiriendo que esto podría ser un intento de prolongar la detención del expresidente.

Por si fuera poco, la defensa de Vizcarra ha enfrentado otro revés, ya que el juez de investigación preparatoria nacional Víctor Alcocer rechazó archivar la acusación por colusión simple relacionada con los mismos hechos del caso Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua.