El Gobierno español quiere reducir desde hace años la jornada laboral a 37,5 horas semanales, una medida que, aunque presentada como un gran avance social, está levantando ampollas en el tejido empresarial. Las pymes, que sostienen gran parte del empleo en el país, temen que esta reducción se traduzca en más presión, menos productividad y, en muchos casos, más gastos sin apoyo real. Algunos empresarios ya advierten que, sin una reforma integral, el tiempo que se quite del reloj se intentará recuperar a base de más exigencia por minuto trabajado o directamente con horas extra bajo cuerda. Mientras tanto, los sindicatos aplauden la iniciativa, pero saben que sin un control efectivo pueden existir ciertas "trampas" que no cambien nada .

Y es que en España, hablar de jornada laboral legal a

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