El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha aprobado una prórroga crucial para la implementación de nuevas normas sobre el uso de cascos de seguridad y chalecos reflectantes para motociclistas en Perú. La Resolución Directoral N° 0018-2025-MTC/18 extiende el plazo de adecuación de 60 a 120 días calendario, comenzando desde el 21 de junio de 2025, fecha de publicación de la Resolución Directoral N° 0012-2025-MTC/18. Esto significa que la fiscalización y las sanciones por incumplimiento comenzarán el 18 de octubre de 2025.
La Resolución Directoral N° 0012-2025-MTC/18, emitida en junio, derogó la normativa anterior y actualizó el marco regulatorio sobre la seguridad de los motociclistas. El uso del chaleco con número de placa será obligatorio solo en Lima y Callao, mientras que el uso de cascos es exigible en todo el país. Durante el periodo de adecuación, no se aplicarán sanciones, permitiendo a los usuarios y comerciantes adaptarse a los nuevos requisitos.
La prórroga responde a la presión de gremios automovilísticos y de motociclistas, buscando facilitar la transición y asegurar que los ciudadanos estén informados sobre los nuevos estándares. El MTC se enfocará en la difusión de la normativa y en evaluar su impacto en la seguridad vial durante estos meses.
Los cascos de seguridad deben cumplir con estrictas características mínimas, según el Anexo I de la Resolución. Deben estar certificados bajo normativas internacionales como ECE R22, DOT FMVSS 218, y otras. Los cascos deben tener una coraza exterior dura, almohadillas para absorción de impactos y un sistema de retención seguro. Se permiten varios tipos de cascos, siempre que cumplan con los estándares establecidos.
En cuanto al chaleco reflectante, su uso será obligatorio en Lima y Callao, mientras que en otras regiones del país se recomienda su uso como medida de prevención, sin la obligación de mostrar la placa. El MTC ha indicado que esta extensión del plazo busca crear condiciones adecuadas para que todos los involucrados se ajusten a las nuevas directrices y estén debidamente informados antes de que comiencen las sanciones. Durante este tiempo, se coordinarán campañas informativas y se evaluará la disponibilidad de productos certificados.