Madrid
La decisión del magistrado Juan Carlos Peinado de imputar por malversación a Begoña Gómez y su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, contradice la posición que había mantenido desde que abrió una pieza separada para analizar este posible delito tras una querella de Vox contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, en tiempos secretario General en Presidencia.
En un auto dictado el pasado mes de mayo fue muy crítico con la querella de Vox, que señalaba a los tres por el mismo delito, ya que en su opinión, sólo era aplicable a Martín, en tanto que superior de Cristina Álvarez en el organigrama de Moncloa cuando fue contratada como asesora de Begoña Gómez. Descartaba que la mujer del presidente o su ayudante hubieran podido cometer ese ilícito penal.
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