El gobierno nacional vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada por amplia mayoría en el Congreso, dejó a miles de familias sin el alivio que esperaban. Y esta acción “es un mensaje político” , dejó en claro que los recursos destinados a las personas con discapacidad no son prioridad para el presidente. A esto se le suman los atrasos en los pagos a prestadores de terapias, transporte y acompañantes, lo que genera interrupciones en tratamientos esenciales. Las familias están quedando en el medio de un conflicto donde el Estado se corre: prestadores que ya no pueden sostener la atención, trámites que se frenan, coberturas que se caen.

No es novedoso para todos aquellos que estamos cerca de la gente, día a día en los barrios más vulnerables. Tenemos un gobierno nacional que ajusta

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