El expresidente peruano Alejandro Toledo ha solicitado ser trasladado a una clínica debido a lo que él describe como un grave estado de salud. Durante una reciente audiencia vinculada a su apelación contra una condena de 20 años y seis meses de prisión por colusión y lavado de activos en el caso Odebrecht, Toledo expresó su preocupación por su condición médica. Con voz entrecortada, afirmó: "Ahora me encuentro muy complicado de salud. He llegado a 190 grados de presión arterial cardiaca y tengo un cáncer. Aquí se ha iniciado un proceso de sangrado. Tengo un problema serio de ansiedad y tomo 16 medicinas diarias".

Toledo, quien se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, detalló que sus problemas de salud se han agravado en las últimas semanas. Aseguró que el Tribunal Constitucional había ordenado su traslado a la clínica San Pablo, donde ya se encuentra su historial médico. "Me asusta el tema del sangrado. Hace dos años presenté un habeas corpus y no ha sido atendido. Necesito ir a la clínica por la gravedad de mi condición", añadió. Además, reiteró su inocencia en el caso y anunció que presentará "evidencias contundentes" para demostrar que no estuvo involucrado en los sobornos de Odebrecht.

Por su parte, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) emitió un comunicado en el que asegura que el estado de salud de Toledo es estable. Según el INPE, el exmandatario, de 78 años, mantiene un estado clínico y hemodinámico controlado, con sus enfermedades crónicas bajo supervisión médica. "El interno Alejandro Toledo Manrique cumple estrictamente con su tratamiento médico habitual bajo supervisión directa y recibe control periódico por parte del equipo médico tratante", señala el documento.

El INPE también enfatizó que continuará actuando conforme a los procedimientos regulares en el cuidado de la salud de los internos, respetando sus derechos fundamentales.

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional deberá decidir sobre la solicitud de Toledo y confirmar o revocar la condena impuesta en octubre de 2024, que lo halló culpable de coludirse con Odebrecht para obtener sobornos en la licitación de la Carretera Interoceánica Sur. Mientras tanto, la defensa del exmandatario insiste en su traslado a una clínica, mientras el INPE sostiene que su estado médico no requiere medidas extraordinarias.