La Moncloa libra desde hace más de un año una guerra sin cuartel con el juez Juan Carlos Peinado que busca terminar con él . El togado que investiga a Begoña Gómez –mujer del presidente del Gobierno– decidió el lunes imputar un a la esposa de Pedro Sánchez: malversación de caudales, que suma a los de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo laboral.
Lo cierto es que el nombre de Peinado, según explican en el Ejecutivo, suscita «indignación» en el gabinete socialista . La ira es total. El núcleo duro del Ejecutivo busca que alguna instancia del Poder Judicial tumbe a Peinado: bien sea el propio órgano de gobierno de los jueces, el Tribunal Supremo o la Audiencia Provincial de Madrid.
El Gobierno insiste en que el juez «lleva un año y medio bu