Cinco personas fueron judicializadas, entre ellas una mujer que habría sometido a su hija y a su nieta.

Plataformas de mensajería instantánea por Internet eran utilizadas por una red delictiva para compartir a contactos nacionales e internacionales videos de menores de edad en actividades sexuales. Algunos de los registros audiovisuales fueron grabados o transmitidos vía streaming desde Bucaramanga (Santander) y diferentes municipios de Magdalena, Córdoba y Cesar.

Las labores investigativas realizadas por la Fiscalía General de la Nación, en articulación con la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional (Dipro), permitieron identificar a cinco de los presuntos responsables de estas conductas, entre ellos una mujer de nacionalidad venezolana señalada de someter

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