Jéssica Rodríguez , expareja del exministro José Luis Ábalos , reconoció ante el Tribunal Supremo que nunca prestó actividad profesional en las empresas públicas Tragsatec e Ineco , donde estuvo contratada entre 2019 y 2021 , percibiendo un total de 43.978 euros en ambos contratos, según revela El Español.

Los contratos de Rodríguez están siendo investigados por la Audiencia Nacional , bajo la instrucción del juez Ismael Moreno , en el marco del caso Koldo , que analiza presuntas irregularidades en la contratación de personas afines y posibles mordidas en obra pública . Según los documentos aportados por las empresas al juzgado, en Tragsatec percibió 9.500,54 euros durante el periodo comprendido entre el 2 de marzo y el 1 de septiembre de 2021 , incluyendo salario , plus de convenio , pagas extras , indemnización por despido y vacaciones .

Por su parte, en Ineco ingresó un total de 34.477,84 euros como auxiliar administrativa entre marzo de 2019 y diciembre de 2021 , cobrando nóminas mensuales de algo más de 1.100 euros , más las pagas extra correspondientes . La empresa remitió al Juzgado Central de Instrucción 2 copia de todas las nóminas y transferencias bancarias efectuadas a Rodríguez durante su contratación.

En su declaración como testigo, Rodríguez admitió que ni en Tragsatec ni en Ineco realizó actividad laboral , y que ni siquiera asistía a su puesto de trabajo , aunque percibía puntualmente los salarios durante aproximadamente dos años y medio , sumando ambos periodos.

Una de sus supervisores en Tragsatec declaró ante el juez que, al preguntar por qué Rodríguez no fichaba ni trabajaba, recibió instrucciones desde presidencia de Adif para “dejar en paz” a la sobrina del ministro , indicando que debía hacer la vista gorda .

La investigación también alcanza a la ex presidenta de Adif , Ana Pardo de Vera , imputada por malversación y tráfico de influencias , y a quien el juez retiró el pasaporte al existir indicios de participación en organización criminal , cohecho y tráfico de influencias en una adjudicación supuestamente fraudulenta de obra pública .

El caso Koldo, que ha saltado a la esfera pública por la implicación de personas cercanas a altos cargos del Ministerio de Transportes , continúa en fase de instrucción y analiza tanto los contratos presuntamente irregulares como posibles irregularidades en adjudicaciones de obra pública , mientras se recaban más pruebas y testimonios ante la Audiencia Nacional .