La deuda pendiente de la gratuidad

La gratuidad en la universidad pública, además de ser una obligación legal, es una viabilidad financiera posible si se entiende como política de Estado y no como concesión presupuestal. El reclamo de los estudiantes es legítimo y está amparado por el mandato constitucional: nadie debería ser excluido de la educación superior por razones económicas. Sin embargo, la rectora de la transformación enfrenta un límite estructural: no puede resolverlo sola. El financiamiento de la gratuidad exige un esfuerzo intergubernamental que articule a la federación, al gobierno estatal y a los municipios, construyendo un fondo común que garantice sustentabilidad, no improvisación. El momento es ahora: la discusión de los presupuestos 2026 abre la ventana para redefinir pr

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