WASHINGTON (AP) — El gobierno de Estados Unidos indicó el viernes que no defenderá un programa de décadas de antigüedad que paga subvenciones a universidades con un gran número de estudiantes hispanos, el cual está siendo impugnado en los tribunales, y señaló que cree que dicha financiación es inconstitucional.

En un memorando enviado al Congreso, el Departamento de Justicia expresó que está de acuerdo con una demanda que pretende anular las subvenciones reservadas para universidades y otras escuelas de nivel superior donde al menos una cuarta parte de los estudiantes son hispanos. El Congreso creó el programa en 1998 tras encontrar que los estudiantes latinos asistían a la universidad y se graduaban a tasas mucho más bajas que los estudiantes blancos no hispanos.

Los funcionarios del Departamento de Justicia argumentaron que el programa proporciona una ventaja inconstitucional basada en la raza o etnia.

El estado de Tennessee y una organización que se opone a las políticas de acción afirmativa demandaron al Departamento de Educación federal en junio, y solicitaron a un juez que detenga el programa de Instituciones al Servicio de los Hispanos. Tennessee argumentó que todas sus universidades públicas atienden a estudiantes hispanos, pero ninguna cumple con el "umbral étnico arbitrario" para ser elegible para las subvenciones. Esas escuelas pierden decenas de millones de dólares debido a requisitos discriminatorios, según la demanda.

El viernes, el Departamento de Justicia publicó una carta en la que el procurador general John Sauer notificó al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, que el departamento "ha decidido no defender" el programa, afirmando que ciertos aspectos del mismo son inconstitucionales. La carta, fechada el 25 de julio, menciona una decisión de la Corte Suprema de 2023 que establece que el tratar de equilibrar las razas es "patentemente inconstitucional".

El Departamento de Justicia no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

Tennessee cuenta con el respaldo en la demanda de Students for Fair Admissions, un grupo legal conservador que impugnó con éxito la acción afirmativa en las admisiones de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte. Esa demanda llevó a un fallo de la Corte Suprema en 2023 que prohíbe a las universidades considerar la raza de los estudiantes en las decisiones de admisión.

Edward Blum, presidente de Students for Fair Admissions, dijo el viernes que el grupo no haría comentarios.

Más de 500 colegios y universidades están designados como Instituciones al Servicio de los Hispanos, bajo lo cual califican para el programa de subvenciones. El Congreso asignó alrededor de 350 millones de dólares para el programa en 2024. Las universidades compiten por las subvenciones, que pueden destinarse a una variedad de usos, desde mejoras en la infraestructura hasta programas de ciencias.

El expresidente Joe Biden hizo que las universidades hispanas fueran una prioridad durante su gobierno y firmó una acción ejecutiva el año pasado que prometía una nueva junta asesora presidencial, así como un aumento de fondos. El presidente Donald Trump revocó la orden su primer día en el cargo.

Trump está tomando medidas para desmantelar el Departamento de Educación y ha pedido recortes masivos de fondos, sin embargo, su solicitud de presupuesto para 2026 preservó las subvenciones para las universidades hispanas e incluso pidió al Congreso un ligero aumento. Aun así, ha habido dudas sobre el compromiso de su gobierno con la financiación.

Una asociación nacional de universidades hispanas presentó una moción el mes pasado para intervenir como demandada en la demanda de Tennessee, expresando su preocupación de que el gobierno federal no representaría adecuadamente a los miembros del grupo.

La Asociación Hispana de Colegios y Universidades dijo que la agenda de Trump es "totalmente adversa" a los intereses del grupo, citando el objetivo del presidente de cerrar por completo el Departamento de Educación. La administración está "en contra de programas como las ISH, que tienen en cuenta y buscan remediar la disparidad étnica o racial", escribió el grupo.

Tennessee y Students for Fair Admissions no se opusieron a la solicitud del grupo para liderar la defensa legal.

A diferencia de los colegios y universidades históricamente negros o tribales de indígenas norteamericanos, que reciben sus designaciones basadas en sus misiones, cualquier universidad puede recibir la etiqueta de ISH y subvenciones si su matrícula latina constituye al menos el 25% del cuerpo estudiantil de pregrado.

La lista de ISH incluye campus emblemáticos como la Universidad de Texas en Austin y la Universidad de Arizona, junto con muchas universidades comunitarias y escuelas más pequeñas.

En su documento judicial, la asociación nacional argumenta que las subvenciones son constitucionales y ayudan a poner a sus miembros en igualdad de condiciones.

Las escuelas del grupo inscriben al 67% de los estudiantes latinos de pregrado del país, sin embargo, los estudios encuentran que esas escuelas reciben mucho menos en fondos estatales y federales que otras instituciones. Las universidades hispanas están abiertas a estudiantes de todas las razas; como ejemplo, la asociación señaló a la Universidad Adventista del Sur, una escuela privada en Tennessee cuyo cuerpo estudiantil es 28% hispano y 40% blanco.

El Departamento de Justicia generalmente tiene el deber de defender la Constitución y la legislación federal, pero en casos excepcionales puede negarse a defender leyes que considera inconstitucionales. El gobierno del expresidente Barack Obama lo hizo en 2011 cuando se negó a hacer cumplir la Ley de Defensa del Matrimonio. Durante su primer mandato, Trump hizo lo mismo con la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

El gobierno de Trump ha luchado por acabar con las políticas de diversidad, equidad e inclusión en el gobierno, la educación y los negocios, argumentando que discriminan a las personas blancas y asiático-estadounidenses.

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Gecker informó desde San Francisco.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.