El debate sobre la posible salida de Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha cobrado fuerza tras la llegada de Juan José Santiváñez al Ministerio de Justicia. Este tema se ha intensificado especialmente en relación con la aplicación de la pena de muerte, un asunto que fue impulsado por la presidenta Dina Boluarte tras el feminicidio de una menor de 12 años en Villa María del Triunfo en diciembre de 2024.

Para que la pena de muerte se implemente, el Estado peruano debe primero denunciar el Pacto de San José, que lo vincula a la CIDH. En este contexto, el entonces ministro de Justicia, Eduardo Arana, creó una "comisión sectorial" para evaluar la viabilidad de esta propuesta. Durante su gestión, se llevaron a cabo 23 audiencias ciudadanas en diversas ciudades del país entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, con la participación de Arana y su viceministro, Juan Alcántara.

Las audiencias se realizaron en ciudades como La Libertad, Arequipa, Iquitos y Huánuco, entre otras. Sin embargo, el Ministerio de Justicia no ha proporcionado información sobre el presupuesto destinado a estas actividades. Infobae Perú consultó al ministerio sobre los gastos, pero la respuesta oficial indicó que la información es "inexistente". El jefe de la oficina de presupuesto, José Miguel Condezo Alvarado, afirmó que se realizó una búsqueda exhaustiva sin éxito.

Además, el informe final sobre las audiencias, que se prometió para marzo, aún no ha sido publicado cinco meses después de la última reunión en Huancavelica. El Ministerio de Justicia había anunciado que el informe integraría los resultados de las audiencias, pero hasta el momento no se ha difundido ningún contenido oficial. Fuentes de Ojo Público han indicado que se están analizando los resultados de los debates, pero no hay claridad sobre la fecha de presentación del informe final.

La falta de transparencia en el manejo de los recursos y la ausencia de un informe claro sobre las audiencias han generado preocupación en la sociedad peruana, que espera respuestas sobre el futuro de la pena de muerte y el papel del país en la CIDH.