El culebrón se ha resuelto al fin por decreto. Después de varios meses de dimes y diretes, de reuniones sin acuerdo y de acusaciones impropias de instituciones del Estado que se enfrentan a uno de los desafíos más importantes del siglo, el Gobierno central ha aprobado un real decreto que establece el reparto de los migrantes menores de edad que llegan a las costas españolas sin acompañantes adultos. El Ejecutivo decreta mediante la aplicación de una tasa común para todas las comunidades autónomas que Andalucía puede acoger a 2.827 menores, es decir, casi el doble de los 1.455 que atiende en este momento.

El Consejo de Ministros ha aprobado el llamado real decreto de capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores no acompañados de las comunidades autónomas, una capacidad

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