Tras varios meses de auditorías en todo el país, el pasado 18 de julio la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) informó mediante un comunicado oficial que se habían dado de baja 65.789 pensiones de las que eran beneficiarias personas con discapacidad. El 8 de agosto, el vocero presidencial anunció que las suspensiones ascendían a 110.522. Si bien ANDIS afirma que se trata de casos de pensiones mal otorgadas, las irregularidades en el proceso de control y los criterios que lo guiaron evidencian violaciones graves a los derechos de este grupo.

El programa de pensiones mal llamadas por “ invalidez laboral ” es una política de transferencia de ingresos destinada a paliar las desigualdades estructurales que enfrentan las personas con discapacidad en Argentina. Su monto equivale al 70% de

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