Una administración pública que se ajuste adecuadamente a las demandas democráticas ha de responder a una rica gama de criterios que podríamos calificar de internos, por cuanto se refieren a su propia articulación interior, a los procesos de tramitación, a su transparencia, a la claridad y simplificación de sus estructuras, a la objetividad de su actuación, etc. Tareas que, es claro, deben ser más accesibles a los ciudadanos pues las nuevas tecnologías no son un fin en sí mismas, sino un medio, magnífico, para que la función de servicio objetivo al interés general del aparato público sea una venturosa realidad. Algo que, sin embargo, contrasta, y no poco, con la praxis administrativa que hemos contemplado en la administración pública de la pandemia en tantas latitudes.
En este sentido, deb