Cada verano las llamas vuelven a ocupar titulares, a teñir de rojo los mapas de emergencias y a sembrar miedo en pueblos y comarcas enteras. La tragedia se repite con tal frecuencia que parece haber perdido capacidad de sorpresa, pero no deberíamos perder nunca la exigencia de responsabilidad. Porque detrás de cada incendio no solo hay hectáreas calcinadas y ecosistemas arrasados, también hay una cadena de decisiones —o de omisiones— que explican por qué nuestros montes siguen siendo tan vulnerables al fuego.

Las comunidades autónomas son, por ley, las responsables directas de la gestión forestal, de la prevención de incendios y de la organización de los dispositivos de extinción. Son ellas quienes tienen la responsabilidad de elaborar planes y dotarlos con los medios necesarios. Sin emba

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