El Gobierno que preside Pedro Sánchez activó ayer el último paso para que miles de menores migrantes no acompañados que se encuentran en Canarias, Ceuta y Melilla empiecen a ser distribuidos entre las demás comunidades, pese al rechazo a esta medida de más de una decena de ellas por la exclusión de Cataluña y el País Vasco.

Y es que, el Consejo de Ministros aprobó ayer el Real Decreto que establece la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de los menas con que deben contar las autonomías según su población. En la práctica, esta regulación implica que ni el territorio catalán ni el vasco tendrían que recibir a más niños ni jóvenes extranjeros por el esfuerzo ya realizado.

El criterio que fija el Ejecutivo es que cada región debe cumplir una ratio de 32 menores por cada 100

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