Por Itzel Chan

M ÉRIDA, MX.- El Consejo Comunitario de Ixil logró una suspensión provisional contra el Convenio de Coordinación de la Zona Metropolitana de Mérida, con lo que se detiene la ejecución del acuerdo firmado el pasado 8 de agosto por 14 alcaldes, el Gobierno del Estado y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). El Juzgado Cuarto de Distrito en Yucatán admitió la demanda de amparo 1612/2025 y ordenó detener la aplicación del convenio hasta que se defina si procede la suspensión definitiva, lo que mantendría frenada la medida hasta que se emita una sentencia firme.

La decisión de acudir a los tribunales fue tomada por unanimidad en la Asamblea Comunitaria de Ixil celebrada el 15 de agosto, después de que la comunidad denunciara que nunca fue consultada sobre su inclusión en la Zona Metropolitana. “Esta suspensión evita que se violen nuestros derechos como comunidad maya, incluyendo el derecho a la consulta libre, previa e informada y a un medio ambiente sano”, señaló Peregrina Cutz, quien expresó confianza en que la sentencia final declare inconstitucional el convenio y garantice la libre determinación de Ixil.

El Consejo Comunitario también reaccionó a las expresiones de la regidora meridana Zoraya Berenice Rivera Silva, quien en una reunión pública en Ixil afirmó que la urbanización representaba progreso y que con la Zona Metropolitana ya no usarían “alpargatas” ni “letrinas”. Para Ingrid Quijano, tales afirmaciones son una muestra del racismo y clasismo de las élites políticas del estado. “Las palabras de esta señora revelan el desprecio hacia la cultura maya y nos convencen aún más de rechazar nuestra inclusión en la Zona Metropolitana”, dijo.

Emanuel Chan abundó en que la visión de desarrollo de la comunidad está lejos de la urbanización que promueven las autoridades. “Progreso es tener agua limpia y abundante, que las niñas y los niños puedan salir a jugar sin temor, decidir en asamblea nuestro futuro y proteger nuestras raíces y nuestro territorio ancestral”, explicó. A su juicio, la intención de incorporar a Ixil a la Zona Metropolitana obedece a intereses inmobiliarios, ya que así la comunidad perdería facultades de ordenamiento y planeación urbana, lo que abriría la puerta a los proyectos rechazados de manera unánime por los pobladores.

El Consejo señaló además los vínculos políticos de Rivera Silva con Jessica Saidén, hija del secretario de Seguridad Pública, Luis Felipe Saidén Ojeda, recordando que su familia y los Abimerhi figuran como copropietarios de tierras comunitarias en Ixil. También evocaron el operativo policial de agosto de 2023, cuando la SSP ingresó violentamente para “asegurar” 350 hectáreas de tierras en disputa donde las familias Abimerhi y Millet se ostentan como propietarias.

En medio de este contexto, Cristina Chim subrayó la importancia de contar con órganos comunitarios de representación indígena autónomos e independientes de autoridades municipales, ejidales y partidos políticos. “No es la primera vez que el Consejo Comunitario defiende los derechos colectivos de Ixil. Animamos a otras comunidades a organizarse, elegir sus propios órganos y presentar amparos”, expresó.

Miguel Ángel Navarro Chim coincidió en que otras comisarías y comunidades mayas que fueron incluidas sin consulta deben actuar de inmediato. “Es mucho lo que está en juego: los apicultores necesitan áreas grandes de monte para producir y si avanza la expansión urbana de Mérida perderemos nuestra forma de vida”, advirtió.

Por su parte, Sergio Oceransky, director de la Fundación Yansa AC, recordó que la organización ofrece asesoría legal gratuita a comunidades que deseen interponer recursos o establecer órganos de autogobierno. Finalmente, el Consejo Comunitario de Ixil convocó a talleres sobre derechos territoriales indígenas, a realizarse el viernes 29 y sábado 30 de agosto en Mérida, abiertos a las comunidades interesadas en fortalecer su organización y defensa legal. (Noticaribe)