Para proteger la salud y la vida de los ciudadanos ante la proliferación de procedimientos estéticos realizados en condiciones irregulares, la Diputada local del PRI, Gabriela Govea López, presentó iniciativa de reforma al Código Penal para sancionar con dos a seis años de prisión a los directores o administradores de los centros médicos que autoricen procedimientos médico-quirúrgicos realizados por personal sin estar certificados.

Acompañada de su homóloga priísta Armida Serrato y de los otorrinolaringólogos Rafael Moreno, Lilia Ruan y Marcos Antonio Méndez, la presidenta de la Comisión de Salud también propuso ampliar el delito de usurpación de funciones para sancionar a quienes practiquen procedimientos médico-quirúrgicos sin contar con un certificado vigente de especialista.

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