El llamado Proyecto Portero, presentado hace unos días por la DEA, pretendía exhibirse como el inicio de una nueva etapa de cooperación bilateral en la lucha contra las redes de contrabando que alimentan al crimen organizado. Sin embargo, el entusiasmo unilateral de la agencia antidrogas estadounidense encontró de inmediato un límite claro y contundente: México no acepta imposiciones ni acuerdos al margen de los cauces diplomáticos.

Una aclaración necesaria

Mientras en Washington se hablaba de un operativo “emblemático” y de una supuesta coordinación plena con fuerzas de seguridad mexicanas, en Palacio Nacional se respondió con transparencia: no hay ningún convenio firmado, ni existen compromisos fuera de los que corresponden a la relación formal entre Estados. Lo que ocurrió fue la asis

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