El último informe de riesgos de Frontex , la agencia europea de fronteras, conocido como Annual Risk Analysis (ARA) 2025-2026 , advierte con contundencia de un fenómeno creciente: la infiltración de delincuentes entre los inmigrantes irregulares que alcanzan la península y las Islas Baleares en cayucos procedentes de Argelia . El organismo comunitario alerta de que las mafias del tráfico de personas han perfeccionado tácticas sofisticadas para eludir los controles de los países de origen, facilitando la entrada a la Unión Europea de individuos con posibles intenciones delictivas .

El Mediterráneo Occidental: una ruta en mutación

El documento, publicado a comienzos del verano, centra su análisis en la ruta migratoria del Mediterráneo Occidental , que ha experimentado un desplazamiento notable desde las costas de Marruecos hacia las de Argelia en los dos últimos años. Este viraje coincide con los acuerdos diplomáticos entre España y Marruecos , que incluyeron un refuerzo en los controles fronterizos de Ceuta y Melilla a cambio del apoyo de Pedro Sánchez al plan marroquí para el Sáhara Occidental . La respuesta argelina fue inmediata: la ruptura del Tratado de Amistad con España , lo que ha agravado la presión migratoria en el litoral argelino.

Un negocio millonario: las Go Fast del tráfico humano

El informe de Frontex señala que las organizaciones criminales han sabido adaptarse a la nueva realidad, adquiriendo embarcaciones de gran potencia capaces de alcanzar las costas baleares en apenas ocho horas. La Guardia Civil , en una operación reciente, desmanteló una red que disponía de 15 lanchas Go Fast , valoradas en más de un millón de euros . La investigación, con detenciones en Almería, Sevilla y Alicante , revela que esta estructura criminal, organizada en facciones con roles definidos —desde patrocinadores hasta colaboradores náuticos —, cobraba hasta 7.000 euros por inmigrante para facilitar la travesía.

El desafío político: reparto de menores y choque institucional

El incremento de llegadas a Baleares coincide con la aplicación de la norma estatal de reparto de menores no acompañados entre comunidades autónomas , obligatoria cuando una región triplica su capacidad de acogida. Canarias, que soporta a más de 5.000 menores pese a contar solo con recursos para 700 , se convierte en el epicentro del debate. Baleares , que debería acoger parte de esta cuota, se opone frontalmente.

El Gobierno de Marga Prohens ha recurrido la norma ante el Tribunal Supremo , solicitando su suspensión cautelar. La vicepresidenta autonómica, Antònia Maria Estarellas , ha advertido de que los centros de acogida están a más del 1.000 % de su capacidad , y ha pedido declarar la contingencia migratoria extraordinaria . Sin embargo, el Ministerio de Infancia y Juventud rechaza esa solicitud y advierte que, de incumplirse la norma, la Fiscalía intervendrá .

Europa entre la seguridad y la solidaridad

La advertencia de Frontex subraya la complejidad del reto: conjugar la seguridad fronteriza con la responsabilidad humanitaria . La infiltración de redes criminales entre los flujos migratorios no solo amenaza la estabilidad social , sino que también pone a prueba la unidad política dentro de la Unión Europea y entre los propios territorios españoles . Lo que se juega en el Mediterráneo no es solo el control de una frontera, sino la definición de una política común de inmigración y asilo en tiempos de tensiones diplomáticas y desafíos globales.