El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el Real Decreto que permite comenzar el traslado de los menores migrantes a todos los territorios de España escogidos por el Gobierno. Se trata de un paso decisivo para aliviar la presión migratoria en Canarias que llega cinco meses después de que Fernando Clavijo acudiese a la Justicia para demandar que el Gobierno cumpliese con sus obligaciones.

La mayoría de comunidades autónomas han rechazado las fórmulas del PSOE para resolver el sistema de reparto aprobado. Diez de ellas, gobernadas por el PP, y Castilla-La Mancha, en manos del PSOE, han llevado el real decreto ante el Tribunal Constitucional. La Comunidad de Madrid ha presentado por tercera vez un recurso ante el Tribunal Supremo.

Por su parte, Canarias, Baleares y la Ciudad Autón

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