Como ha sucedido con frecuencia en las últimas décadas de la vida pública en nuestro país, otra vez la opinión pública se encuentra expectante ante hechos que aluden a la eventual comisión de conductas contrarias a los principios de transparencia administrativa que deben regir en la gestión del Estado.

La aparición de registros de audio en los que un funcionario del Gobierno nacional presuntamente admite la existencia de procedimientos ilegales en la contratación de proveedores privados causó el impacto previsible. Derivó en el despido del funcionario aludido y el inicio de una investigación judicial.

Se desconoce, hasta el momento, el origen de esos registros, la circunstancia en la que fueron grabados e incluso la autenticidad de los mismos; pero ya actúan para esclarecer la situación

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