La Corte Constitucional le acaba de llamar la atención a las autoridades penitenciarias, para que garanticen la prestación del servicio de salud a los privados de la libertad, después de la tutela que presentó un detenido que denunció irregularidades en un tratamiento que necesitaba para tratar un cáncer.

El accionante presentó en sus argumentos unas bases que dio la Corte Constitucional, en el pasado, sobre los elementos mínimos asegurables del derecho a la salud para la población carcelaria en Colombia.

La Sala integrada por los magistrados Paola Meneses, Miguel Polo Rosero y Jorge Enrique Ibáñez, quien la preside, recordaron en el auto 121 de 2018, la Corte indicó: “(i) Existe un vínculo claro entre el derecho a la salud y la resocialización. Para el Alto Tribunal, la salud de las

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