La buena administración pública ha sido reconocida como un derecho humano. Esto implica que cada acto derivado de las decisiones de los gobernantes debe sustentarse en el interés general y el bien común. La obligación del Estado de reconocer, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos debe ser constante, y su cumplimiento debe reflejarse en cada acción, programa de gobierno y política pública. Ese debe ser el enfoque, siempre en apego a los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad.

La participación ciudadana es otro aspecto medular para lograr una buena administración pública. La participación social —donde la ciudadanía sea consultada en el proceso de toma de decisiones— convierte a las personas en parte activa de la solución de los problem

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