La ultraderecha no necesita romper la legalidad para erosionar la democracia. Le basta con usar las facultades administrativas del Estado de forma abusiva, estirando sus límites, reinterpretando su alcance y aplicándolas de manera selectiva para favorecer a aliados y castigar a adversarios. Lo peligroso es que, a primera vista, estas acciones parecen simples decisiones de gobierno, pero en la práctica socavan el pluralismo, la independencia institucional y los derechos ciudadanos.
Donald Trump convirtió la potestad reglamentaria en un arma política. Sus órdenes ejecutivas —como el famoso “ Muslim Ban ”— se presentaron como medidas de seguridad nacional, pero en realidad impusieron restricciones migratorias discriminatorias que luego debieron ser limitadas por la justicia. No fue un