La puesta en marcha del mecanismo de reparto de los menores migrantes no acompañados que saturan los centros de acogida de Canarias, Ceuta y Melilla no acalló ayer el ruido político entre el Ejecutivo central y los autonómicos, la mayoría en manos del PP, aunque también Castilla-La Mancha, en manos del PSOE, y el País Vasco, donde gobierna el PNV, entraron en escena.

El choque entre el Gobierno y el PP subió de tono a raíz del “lenguaje chantajista y amenazante” que la dirigente popular Carmen Fúnez observó en las advertencias del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que reiteró que la Fiscalía y las fuerzas de seguridad tomarían cartas en el asunto si alguna comunidad autónoma se negaba a cumplir la ley.

“No vamos a aceptar lecciones de un Gobierno acorralado por la co

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