Invamer anunció que no publicó su tradicional estudio bimestral de percepción ciudadana debido a que una nueva ley (vigente desde julio) prohíbe medir intención de voto antes del 31 de octubre. Además, exige incluir municipios con más de 800 mil habitantes, lo que incrementó los costos operativos, hasta requerir 11.000 encuestas en lugar de las 1.400 habituales. Invamer la calificó de inconstitucional y limitante del debate democrático.

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