El abogado de Martín Vizcarra, Erwin Siccha, defendió la entrevista telefónica que el expresidente realizó desde el penal Barbadillo el 22 de agosto, justo antes de ser trasladado al penal Ancón II. Durante la audiencia de apelación contra su prisión preventiva de cinco meses, Siccha explicó que Vizcarra lo llamó al enterarse de su cambio de penal, aunque no pudo atender la llamada. Aclaró que, aunque sí contactó a un medio de comunicación, lo hizo para denunciar una situación que desconocía, ya que no había recibido información sobre su traslado.

"Justamente llamó no para hacer un acto proselitista como se intenta decir, sino para denunciar algo que él desconocía", afirmó Siccha. El abogado también mencionó que Vizcarra se comunicó con la Fiscalía de Prevención del Delito, ya que su traslado se realizó sin la presencia de los responsables del establecimiento penitenciario. "No le notifican, no le informan a dónde lo llevan", agregó, subrayando el estado de angustia en el que se encontraba el exmandatario.

Por su parte, el fiscal superior Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, criticó la llamada de Vizcarra, señalando que no se trataba de las circunstancias de la comunicación, sino de cómo el expresidente engañó a un trabajador del INPE para poder realizarla. Vela destacó que este comportamiento podría reflejar una tendencia a eludir la justicia.

La Fiscalía ha solicitado al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) que aclare quién autorizó la entrevista telefónica de Vizcarra, emitida por un canal de televisión el 25 de agosto. Esta situación ha generado cuestionamientos sobre posibles violaciones a las normas penitenciarias que limitan las comunicaciones de los internos. Las autoridades buscan identificar a los funcionarios responsables y determinar si la llamada se realizó de acuerdo con la normativa vigente.

En la entrevista, Vizcarra expuso su situación legal y alegó que se han vulnerado sus derechos fundamentales, lo que ha generado un impacto político y mediático significativo. La Fiscalía considera crucial esclarecer los hechos para establecer responsabilidades y evitar que situaciones similares se repitan. Además, el INPE ha iniciado una investigación interna sobre los procedimientos seguidos por su personal.