Una nueva investigación ha surgido en torno a Juan José Santiváñez, que también involucra a la presidenta Dina Boluarte. Según la tesis fiscal, Santiváñez, quien era ministro del Interior, habría gestionado la creación de un arraigo laboral para Nicanor Boluarte Zegarra, a pedido de la mandataria. Esto se habría hecho para evitar que Nicanor enfrentara prisión debido a investigaciones judiciales en su contra. Los hechos se habrían desarrollado entre agosto y septiembre de 2024.

El estudio jurídico Tenorio Abogados & Asociados, dirigido por Percy Alberto Tenorio Gamonal, junto con el empresario Franco Parodi Gianella, habrían planeado recuperar las minas "El Dorado" y "El Dorado Agripina 1 y Agripina 2". Para ello, se habría contado con la colaboración de Santiváñez. Se acordó activar un operativo policial para recuperar el control de la mina, justificándolo con un supuesto delito ambiental cometido por ocupantes no autorizados. A cambio, se habría solicitado un pago inicial de 60 mil dólares, que luego se amplió a 100 mil, además del arraigo laboral para Nicanor Boluarte.

El documento judicial detalla que "Tenorio, siguiendo las instrucciones de Santiváñez, habría solicitado a Parodi Gianella y Gianfranco Meza Lizier, el financista de la mina, el pago de 60,000 dólares, generando una situación de impunidad para el hermano de la presidenta". En el marco de esta situación, se registraron siete visitas de Nicanor Boluarte al estudio jurídico Tenorio entre enero y febrero de 2025, todas documentadas en los registros internos del edificio en San Isidro, Lima. La primera visita ocurrió el 23 de enero de 2025, justo después de que se revocara una orden de prisión preventiva en su contra.

El expediente menciona que para conseguir arraigos laborales creíbles, el entorno de Santiváñez organizó reuniones donde se estructuró la participación de Nicanor como consultor de la empresa minera, aunque no existía evidencia de actividad laboral real. Además, la hipótesis fiscal indica que parte de las negociaciones incluyó influir en funcionarios del Gobierno Regional de Ayacucho para modificar informes técnicos que obstaculizaban las operaciones mineras de "El Dorado". Uno de esos documentos, conocido como "INFORME DREMA", fue intervenido y reenviado entre los involucrados, lo que permitió la autorización administrativa para reiniciar las actividades extractivas.

El operativo policial de diciembre de 2024 fue el desenlace de este proceso. Según los registros, 15 agentes de la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional acudieron al lugar, siguiendo instrucciones de Villalón Trillo y en coordinación con las partes interesadas, con un despliegue logístico financiado por la empresa minera. Las comunicaciones internas entre los investigados revelaron que reportaban avances y coordinaban porcentajes de las sumas recibidas, incluyendo la parte que, según la fiscalía, correspondería a Santiváñez como "hombre clave" en este entramado.