La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Lima ha programado la lectura de sentencia contra el ex presidente Alejandro Toledo Manrique y otros implicados en el caso Ecoteva para el miércoles 3 de septiembre a las 14:15 horas. Esta decisión fue anunciada por la jueza superior Josefa Izaga Pellegrín, quien preside el juicio, tras concluir los alegatos finales de la defensa del exjefe de seguridad presidencial, Avraham Dan On.

El caso Ecoteva se centra en la presunta operación de lavado de activos, donde se investiga el uso de fondos de origen ilícito para adquirir propiedades y pagar hipotecas en Perú. Según el Ministerio Público, parte de estos fondos provienen de sobornos relacionados con proyectos de infraestructura durante la gestión de Toledo (2001-2006). La Fiscalía ha solicitado una condena de 16 años y 8 meses de prisión para Toledo y su esposa, Eliane Karp, así como el pago de 38 millones 220 mil soles como reparación civil solidaria y el decomiso de sus cuentas a nivel nacional e internacional.

Durante las audiencias, los acusados presentaron sus defensas. Avraham Dan On negó conocer el origen ilícito de los fondos y calificó las acusaciones de injustas. Por su parte, Alejandro Toledo reiteró su inocencia, cuestionando la solidez del expediente fiscal y sugiriendo que el proceso tiene "motivaciones políticas". Afirmó que los bienes fueron adquiridos con fondos legales.

Este caso es uno de los más prolongados en la historia judicial reciente del Perú y representa un símbolo en la lucha contra la corrupción en altos niveles de poder. La sentencia podría sentar un precedente sobre la responsabilidad de exjefes de Estado en delitos económicos, en un contexto donde otros expresidentes también enfrentan investigaciones o condenas.

Si Toledo es condenado, se sumaría a la pena que ya cumple por otros procesos, como el caso Odebrecht. En caso de absolución, su defensa podría solicitar la revocación de otras medidas cautelares. El fallo también impactará a los demás implicados, quienes podrían iniciar nuevas estrategias legales, incluyendo apelaciones.

El caso Ecoteva ha reavivado el debate sobre la eficiencia del sistema judicial y la capacidad del Estado para recuperar activos ilícitos, dado que involucra movimientos financieros a través de varios países, incluyendo Costa Rica, Panamá e Israel.