El allanamiento a la vivienda de Nicanor Boluarte ha provocado una ola de reacciones en el ámbito político peruano. El gabinete ministerial, encabezado por el premier Eduardo Arana, convocó a los medios para expresar su rechazo a las acciones del Ministerio Público y del Poder Judicial. Esta medida se enmarca en una nueva investigación que involucra al ministro Juan José Santiváñez.

Arana destacó la excepcionalidad del allanamiento como acto procesal y el derecho a la inviolabilidad del domicilio, tal como lo establece la Constitución Política del Perú y el Código Penal. El Ejecutivo calificó la acción como un uso desproporcionado, especialmente considerando que afecta a un allegado de la presidenta Dina Boluarte y se suma a otras intervenciones similares contra ministros y ciudadanos.

"A la luz de la medida de allanamiento solicitada por el Ministerio Público y autorizada por el Poder Judicial contra un miembro de la familia de la señora Presidenta de la República, se advierte un uso desproporcionado de una medida excepcional", afirmó Arana. También criticó la aplicación de estas medidas, señalando que se cometen errores jurídicos inaceptables, como la invocación de figuras inexistentes en el ordenamiento legal, refiriéndose al concepto de "tercer vinculado".

El premier cuestionó que el allanamiento se realice tras un fallo del Tribunal Constitucional que suspendió las investigaciones contra la presidenta Boluarte. "Solo buscan desestabilizar el país, politizar la justicia y usarla como un arma de venganza política", enfatizó, añadiendo que estas acciones amenazan la institucionalidad del país.

El operativo, denominado Ícaro, fue llevado a cabo por el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú (PNP) con el objetivo de recolectar pruebas sobre posibles actos de corrupción y crimen organizado. Según la hipótesis fiscal, se investiga a exfuncionarios del Ministerio del Interior y a empresarios del sector minero. Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, figura como vinculado, pero no como investigado principal en el caso de Santiváñez, quien es considerado clave en la presunta organización criminal.

Durante el allanamiento, el abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, calificó la acción como un abuso por parte de la Fiscalía, asegurando que su cliente no tiene vínculos con la minera El Dorado, con Santiváñez o con Percy Tenorio. La situación ha generado un clima de tensión política en el país, con el gabinete ministerial insistiendo en que no permitirán intentos de desestabilización.