Un joven de 15 años ha sido condenado a siete años de privación de libertad por su participación en el atentado contra el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay. La sentencia fue emitida el miércoles por un tribunal penal especial para menores, donde el adolescente fue juzgado por homicidio en grado de tentativa y porte ilegal de armas.

El menor, cuyo nombre se mantiene en reserva debido a su condición de adolescente, fue capturado en flagrancia el 7 de junio en Bogotá, minutos después de disparar contra Uribe Turbay durante un mitin político. El ataque dejó al senador gravemente herido, y falleció el 11 de agosto a causa de las lesiones.

La Fiscalía de Colombia informó que el joven deberá cumplir su condena en un centro de atención especializada, como lo establece el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que aplica a jóvenes de entre 14 y 18 años. Este sistema permite penas de hasta ocho años en instituciones especializadas.

El abogado Víctor Mosquera, representante de la familia de Uribe Turbay, comentó que "bajo la Ley de Infancia y Adolescencia se impuso una de las sanciones más altas al menor". Sin embargo, expresó su preocupación, afirmando que "esa sanción nunca se equipara con la vida que arrebató ni con el dolor causado". Mosquera también advirtió que esta legislación podría incentivar el uso de menores en crímenes sin un castigo efectivo.

La Fiscalía detalló que el menor fue convencido de llevar a cabo el ataque y fue trasladado al lugar del mitin en un automóvil. Allí, recibió una pistola Glock 9 milímetros antes de disparar a Uribe Turbay. Tras el ataque, fue interceptado por el equipo de seguridad del senador y entregado a las autoridades.

La fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, ha calificado el crimen como un magnicidio, lo que implica un homicidio de una persona por su relevancia política. Camargo aseguró que los autores materiales y quienes planearon el atentado ya están siendo procesados. La investigación sigue abierta, y las autoridades no descartan ninguna hipótesis, incluyendo la posible implicación de la disidencia de las FARC, conocida como Segunda Marquetalia.

Este caso ha reavivado temores en Colombia sobre la violencia política, recordando episodios trágicos de la campaña presidencial de 1990, cuando varios candidatos fueron asesinados. En respuesta, el Gobierno ha convocado reuniones extraordinarias de seguridad para abordar la situación.