El Ministerio Público ha llevado a cabo un allanamiento en la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en el distrito de San Borja. La operación comenzó a las 5:20 de la mañana, con un equipo de fiscales que llegó acompañado por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). Según el noticiero Buenos Días Perú, el operativo se inició con un retraso, ya que inicialmente solo se presentaron dos agentes policiales para apoyar a los fiscales.

Este allanamiento forma parte del operativo Ícaro, que investiga a Nicanor Boluarte por cuatro presuntos delitos. Las acusaciones incluyen favorecimiento ilícito en la adecuación de términos de referencia dentro de la Defensoría de la Policía del Ministerio del Interior, cobros indebidos a cambio de la permanencia de generales en sus cargos, favorecimiento ilícito en beneficio de la mina El Dorado, y encubrimiento y ocultamiento de pruebas.

Durante el operativo, una persona en el inmueble impidió el ingreso del personal audiovisual de la Fiscalía, que debía registrar la diligencia. Al mismo tiempo, otro equipo de fiscales se dirigió a una oficina en el centro empresarial de San Isidro, relacionada con el caso.

El abogado de Nicanor Boluarte, Luis Vivanco, calificó el allanamiento como un "abuso" y rechazó cualquier vínculo de su cliente con la minera El Dorado, el exministro Juan José Santiváñez, o Percy Tenorio, otro de los investigados.

Además, el Equipo de Fiscales Contra la Corrupción (Eficcop) también realizó un allanamiento en la oficina del ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, en busca de pruebas relacionadas con actos de corrupción en el Estado, en el caso conocido como los Waykis en la Sombra. Esta operación se lleva a cabo horas antes de una audiencia en el Tribunal Constitucional que evaluará recursos presentados por Nicanor Boluarte contra la actuación de los fiscales.

La situación se complica aún más, ya que días atrás el Tribunal Constitucional resolvió que la fiscal de la Nación no puede ser investigada mientras ejerza la presidencia de la fiscalía. La Fiscalía sostiene que Nicanor Boluarte es parte de una red de corrupción que habría utilizado su influencia para controlar designaciones en cargos públicos a cambio de pagos económicos.