El primer vicepresidente del Congreso de Perú, Fernando Rospigliosi, ha solicitado la destitución del juez Richard Concepción Carhuancho ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Esta petición se produce tras la decisión del magistrado de declarar inaplicable la Ley 32107, que limita la prescripción de delitos de lesa humanidad, en el contexto de una investigación contra el coronel en retiro Arturo Castro Arias por un presunto homicidio calificado ocurrido en 1984 en Ayacucho.

Rospigliosi, del partido Fuerza Popular, argumenta que el juez actuó de manera "ilegal y prevaricadora" al no aplicar una ley aprobada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo. En una conferencia de prensa, el legislador expuso que la Ley 32107, promulgada en agosto de 2024, establece la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes del 1 de julio de 2002. Sin embargo, Concepción Carhuancho decidió no aplicarla, alegando su incompatibilidad con la Constitución Política del Perú y con estándares internacionales de derechos humanos.

El auto del juez sostiene que la Ley 32107 "sería contraria a la Constitución; por ende, debe inaplicarse bajo la figura del control difuso". Este mecanismo permite a los jueces decidir que una norma legal no se aplique si es incompatible con la Constitución. Concepción Carhuancho argumentó que mantener la prescripción de estos delitos impediría el acceso a la justicia para las víctimas, un derecho reconocido en tratados internacionales ratificados por Perú.

Rospigliosi criticó la decisión del juez, afirmando que "no está capacitado para aplicar el control difuso" porque, según la Corte Suprema, este procedimiento solo se realiza en sentencias, y él es un juez de primera instancia. El congresista también denunció que el sistema judicial está "politizado y prevaricador", persiguiendo a militares y policías que lucharon contra el terrorismo.

Los hechos investigados se refieren a la presunta matanza de comuneros en el anexo San Martín de Chupón, donde se alega que fueron torturados y asesinados en 1984. Rospigliosi también mencionó que la negativa de los jueces a aplicar la Ley 32107 es parte de una persecución que "no termina nunca".

La Asociación de Jueces para la Justicia y Democracia (JUSDEM) respondió a las acusaciones de Rospigliosi, defendiendo el uso del control difuso como un deber del Poder Judicial para garantizar la supremacía de la Constitución y los derechos humanos. JUSDEM advirtió que criminalizar decisiones judiciales ajustadas a la Constitución atenta contra la independencia judicial y busca inhibir a los jueces en el cumplimiento de su deber.