El abogado Erwin Siccha, defensor de Martín Vizcarra en la investigación por presuntas coimas durante su gestión como gobernador regional de Moquegua, enfrenta serias consecuencias. El juez Víctor Alcocer ha advertido sobre la posibilidad de que Siccha sea excluido del caso y sancionado con una multa que supera los S/ 2,000.

Este riesgo se ha intensificado tras la última audiencia de control de acusación, celebrada el lunes 25 de agosto. En esta sesión, programada para discutir objeciones y determinar si el caso avanza a juicio oral, Siccha no se presentó a tiempo. El magistrado, al no encontrar justificación en el sistema judicial, consideró esta falta como reiterada.

La representante de la Procuraduría solicitó la aplicación de artículos del Código Procesal Penal que permiten al juez tomar medidas administrativas, incluyendo la sustitución del abogado por uno de la defensa pública y la imposición de sanciones económicas. Tras un receso de más de 15 minutos, Siccha se conectó y justificó su retraso. Argumentó que el reciente cambio de reclusión de Vizcarra, de Barbadillo a Ancón II, complicó su acceso y las coordinaciones necesarias para su defensa. "El acceso a este establecimiento penitenciario es diferente... no ha habido red... presentamos las disculpas correspondientes", explicó.

A pesar de sus argumentos, el juez Alcocer enfatizó que esta era la segunda advertencia por incidentes similares. Informó a Siccha que, si se repite la inasistencia injustificada, se le impondrá una multa de cuatro Unidades de Referencia Procesal (URP), que para 2025 asciende a S/ 535, totalizando S/ 2,140. Además, el juez adelantó que, en caso de nuevas inasistencias, Siccha sería excluido definitivamente como defensor, designándose un abogado de la defensa pública para asegurar la continuidad del proceso.

La próxima audiencia está programada para el viernes 29 de agosto a las 10:00 horas. En esta ocasión, Siccha deberá presentar un nuevo argumento para evitar su exclusión. Si su excepción es rechazada, el proceso podría avanzar hacia un segundo juicio oral por el presunto delito de colusión simple, relacionado con las obras del proyecto de irrigación Lomas de Ilo y la construcción del Hospital Regional de Moquegua.

La defensa sostiene que Vizcarra no firmó los contratos cuestionados, ya que fueron suscritos por el gerente general de Moquegua. Sin embargo, la Fiscalía argumenta que el exgobernador pudo haber desaprobado las adjudicaciones y coordinado con otros funcionarios y empresarios para favorecer a los consorcios Obrainsa e ICCGSA. Varios colaboradores eficaces respaldan esta versión. El juez Alcocer ya ha rechazado dos intentos de la defensa por archivar la causa, considerando que los delitos contra la administración pública tienen plazos de prescripción duplicados.