El reciente nombramiento de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos ha desatado una ola de reacciones en el Congreso peruano. La decisión de la presidenta Dina Boluarte ha generado divisiones entre los legisladores, con opiniones tanto a favor como en contra del exministro del Interior, quien fue censurado anteriormente.

Por un lado, varios representantes de la derecha e izquierda han expresado su apoyo a Santiváñez. Jorge Montoya, de Honor y Democracia, defendió su designación, afirmando que "siempre ha estado haciendo un buen trabajo" y que tiene "mucha capacidad de acción y gestión". Héctor Valer, de Somos Perú, también elogió su coraje y conocimiento, mientras que Kira Alcarraz, de Podemos, felicitó el nombramiento. Edwin Martínez destacó que "por fin se pone a un verdadero ministro de Justicia en defensa del Perú". Roberto Kamiche, de APP, recordó que Santiváñez había apoyado a una comunidad de Huacho durante su gestión anterior.

Sin embargo, un bloque de legisladores ha rechazado de manera contundente su nombramiento. María del Carmen Alva criticó que un ministro censurado regrese al cargo, señalando que "no me parece acertado que la ministra coloque a un ministro que fue censurado". Juan Burgos, de Podemos, calificó a Santiváñez como "el nuevo wayki de Palacio", sugiriendo que su nombramiento es un negociado del Gobierno de Boluarte. Patricia Chirinos, de Renovación Popular, también se pronunció en contra, afirmando que la designación es una burla al Congreso.

En respuesta a la controversia, el congresista Edward Málaga ha presentado una moción para citar al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, con el fin de que explique las razones detrás del nombramiento de Santiváñez. La moción busca que Arana responda a 12 preguntas relacionadas con la idoneidad y el proceso de designación del nuevo ministro. Entre las interrogantes se incluye la justificación de la designación de un exministro censurado y si Santiváñez enfrenta investigaciones fiscales.

La situación ha generado un debate intenso en el Congreso, donde se cuestiona la legalidad y pertinencia del nombramiento, así como su impacto en la confianza ciudadana y en el respeto de los derechos humanos en el país.