Pucallpa.- En Ucayali, se lleva a cabo una audiencia fundamental relacionada con el caso Saweto, donde cuatro líderes indígenas ashéninkas fueron asesinados en 2014. Esta sesión tiene como objetivo determinar si se incrementarán las penas impuestas a los responsables, en un proceso judicial que ha estado plagado de retrasos y apelaciones.

El crimen ocurrió en septiembre de 2014, cuando los líderes Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo fueron emboscados y asesinados en la frontera con Brasil. Su muerte se ha convertido en un símbolo de la lucha indígena contra la tala ilegal en la Amazonía peruana. Desde entonces, la comunidad de Alto Tamaya-Saweto ha denunciado amenazas y abandono por parte del Estado.

En 2023, el Poder Judicial condenó a 28 años de prisión a los madereros José Estrada, Hugo Soria, Eurico Mapes y Josimar Atachi, hallándolos responsables del asesinato. Sin embargo, las familias de las víctimas y diversas organizaciones indígenas consideran que estas penas no reflejan la gravedad del crimen. Por ello, esperan que la audiencia actual confirme o incluso eleve las sanciones.

La Defensoría del Pueblo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y otros colectivos están acompañando el proceso. Ellos subrayan que este caso no solo busca justicia para las víctimas, sino también protección para los pueblos indígenas que defienden sus territorios frente a actividades ilegales.

Para las viudas y familiares de los dirigentes, esta audiencia representa una oportunidad para que el sistema judicial envíe un mensaje claro contra la impunidad. “Han pasado casi 10 años y todavía seguimos esperando justicia completa”, expresaron en declaraciones anteriores.

El caso Saweto ha puesto de relieve las constantes amenazas que enfrentan los defensores ambientales en Perú. Según datos de organizaciones internacionales, el país es uno de los más peligrosos de la región para quienes protegen la Amazonía y los recursos naturales.

La decisión final del tribunal será crucial no solo para las familias de las víctimas, sino también para las comunidades indígenas que ven en este proceso un precedente en su lucha contra la violencia y la corrupción vinculada a la explotación ilegal de madera. La expectativa crece en Ucayali y en todo el país por lo que podría ser una sentencia que marque un hito en la defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas.