Martín Vizcarra, ex presidente de Perú, ha sido trasladado al penal Ancón II, donde deberá cumplir cinco meses de prisión preventiva. Sin embargo, su situación podría cambiar nuevamente, ya que se ha presentado un habeas corpus para revertir esta decisión. El recurso fue presentado por su hermano, Mario Vizcarra, quien afirmó que lo hizo "por mutuo propio" debido a la situación de su familiar. "La medida ha sido aceptada y espero que en breve plazo Martín tenga el estatus y tratamiento de un expresidente, o sea que vuelva a la prisión donde estaba anteriormente", declaró a RPP.

A través de sus redes sociales, Martín Vizcarra expresó su desacuerdo con la resolución que modificó su estatus penitenciario, pero aseguró que acataría la decisión. "Resistiré desde el lugar al que me manden, pero no me van a doblegar. He pedido a mi equipo de defensa legal que ya no presente las acciones legales preparadas por esta injusta y arbitraria decisión", indicó. Además, enfatizó su compromiso de luchar por la recuperación de la democracia en Perú.

El traslado a Ancón II se realizó tras la emisión de la Resolución Directoral N° 411-2025-INPE/ORL del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Según el comunicado oficial, esta decisión se tomó por razones de seguridad, tanto para la integridad de Vizcarra como para el funcionamiento del sistema penitenciario. La Junta Técnica que inicialmente evaluó su caso fue cuestionada por irregularidades, lo que llevó a la anulación del procedimiento y a la creación de una nueva junta evaluadora.

La segunda junta determinó que, por puntaje, Vizcarra debería estar en el penal de Lurigancho. Sin embargo, tras un análisis adicional, se decidió que el traslado a Ancón II era la opción más adecuada. La resolución del INPE establece que este tipo de decisiones se ejecutan de inmediato, sin necesidad de trámites adicionales.

Antes de su traslado, Vizcarra afirmó que tanto la prisión preventiva como el cambio de penal carecían de justificación técnica y legal. Aseguró que las juntas calificadoras del INPE coincidieron en que debía permanecer en el penal de Barbadillo. "El INPE depende del Ministerio de Justicia y este de la presidenta Dina Boluarte. Lo digo con todas sus letras: estoy aquí por una decisión política", afirmó, añadiendo que la presidenta de la segunda junta evaluadora le había indicado que la recomendación era mantenerlo en Barbadillo.