El Ministerio Público realizó un allanamiento en la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, en San Borja. Esta acción forma parte del operativo Ícaro, que investiga presuntos delitos de corrupción y favorecimiento ilícito. La intervención se llevó a cabo en la madrugada y fue ejecutada por fiscales anticorrupción con el apoyo de la Policía Nacional.

Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte, llegó al lugar y calificó el procedimiento como un "abuso más de la Fiscalía". Vivanco afirmó que su defendido no había sido notificado ni citado para declarar antes del allanamiento. "No tengo ninguna información sobre el caso. Lo único que les puedo decir es que es un abuso más de la Fiscalía y lo vamos a determinar en el transcurso del día", declaró el letrado a los medios de comunicación.

La investigación fiscal atribuye a Nicanor Boluarte la presunta comisión de cuatro delitos. Estos incluyen favorecimiento ilícito en procesos administrativos de la Defensoría de la Policía del Ministerio del Interior, cobros indebidos para mantener a generales en sus puestos, favorecimiento a la minera El Dorado y encubrimiento de pruebas. Según el Ministerio Público, estas acciones habrían involucrado a personas cercanas al hermano de la presidenta.

Vivanco también cuestionó la falta de citación previa, argumentando que, si hay un caso, lo primero que se debe hacer es citar a la persona para interrogarla sobre los hechos. Además, rechazó cualquier vínculo entre su defendido y los personajes mencionados en la investigación, como el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y el general en retiro Percy Tenorio.

El abogado negó que Nicanor Boluarte tuviera injerencia en el caso de la mina El Dorado, donde se investiga un intento irregular por recuperar la posesión del yacimiento. La defensa anunció que evaluará acciones legales para cuestionar la legalidad del allanamiento, mientras la Fiscalía continúa recabando información. Este caso se suma a las investigaciones que afectan al círculo cercano de la presidenta y podría tener repercusiones en el ámbito político y judicial.