La Corte Suprema ha ratificado el fallo de la Corte de Apelaciones de Aysén, que admite la querella de capítulos contra el fiscal Carlos Palma. Su defensor, Jorge Moraga Torres, se pronunció sobre las implicaciones de esta decisión. El 1 de agosto de 2025, la defensa presentó sus alegatos en la Corte Suprema, oponiéndose a la persecución penal contra Palma, relacionada con el envío de mensajes al abogado Luis Hermosilla.

Moraga destacó que en este litigio se enfrentaron a dos entidades del Estado: el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, que buscaban abrir una persecución penal contra el fiscal suspendido. A pesar de que el resultado no fue favorable para la defensa, Moraga aseguró que esto no afecta su tranquilidad. "Estamos convencidos de que el caso terminará con un desenlace positivo para Carlos Palma", afirmó.

El defensor también subrayó que, aunque puede haber responsabilidad administrativa, no existe responsabilidad penal. "Lo que él realizó, de ser efectivo, es una falta, pero en ningún caso constituye un delito", precisó Moraga. Además, explicó que la querella de capítulos tiene como objetivo controlar las persecuciones penales, permitiendo solo aquellas con posibilidades reales de éxito.

Moraga criticó la decisión de la Corte Suprema de permitir la persecución penal y reiteró su convicción de que el proceso culminará en una absolución, como ha sucedido en casos anteriores. "Esto expone a una autoridad a una persecución penal y a una suspensión sin que al final se concrete una condena", advirtió.

En cuanto a la situación actual de Carlos Palma, Moraga reveló que está suspendido en su cargo desde septiembre de 2024. Esta suspensión, inicialmente por una investigación administrativa, ahora se debe a la querella de capítulos aceptada por la Corte Suprema, lo que implica un mandato constitucional y legal.

El defensor también mencionó que Palma se encuentra en la recta final de su mandato, que expira en octubre de 2025. Esto significa que, durante los últimos trece meses de su gestión, desde septiembre de 2024 hasta octubre de 2025, no ha podido ejercer sus funciones. Moraga planteó que esta situación podría considerarse una injusticia, dado que Palma terminará su mandato como fiscal regional suspendido.