En una extensa audiencia que se prolongó por más de 12 horas, el Juzgado de Garantía de Temuco, en la región de La Araucanía, ha dictado prisión preventiva para 15 de los 22 formalizados en la conocida "Operación Imperio". Estos detenidos están siendo investigados por múltiples delitos, que incluyen lavado de activos, obtención fraudulenta de créditos, fraude de seguro, obstrucción a la investigación, asociación ilícita, delitos tributarios, estafa y otras defraudaciones reiteradas.

Durante la audiencia, el ente persecutor solicitó la máxima medida cautelar para todos los imputados. Sin embargo, el tribunal decidió aplicar la prisión preventiva solo a 15 de ellos, entre los que se encuentran los líderes de la organización y un miembro del Tribunal Oral de Temuco. El magistrado Mauricio Torres también estableció una fianza de $15 millones para algunos de los formalizados, mientras que los siete detenidos restantes recibirán arresto domiciliario parcial o total.

El fiscal jefe de la Fiscalía de Lautaro, Enrique Vásquez, expresó su satisfacción con el resultado de la audiencia, que se extendió durante dos días. "Los arrestos domiciliarios total o parcial estaban dentro de las posibilidades, pero de cualquier manera, los imputados quedan privados de libertad en su domicilio, pero con arraigo nacional", afirmó.

Vásquez también destacó que los cabecillas de este clan familiar, los hermanos Martínez, su padre y la pareja del líder de la agrupación, han quedado en prisión preventiva. Además, el fiscal aclaró que algunos de los imputados ya contaban con antecedentes penales, incluyendo uno que estaba bajo medidas cautelares por carreras clandestinas, otro condenado en 2023 por tráfico de droga y un tercero por un delito de robo en lugar habitado.

"Entendemos que la prisión preventiva es efectiva para impedir que los imputados sigan cometiendo delitos y lo importante es que se ha logrado acreditar finalmente", concluyó el fiscal. Es relevante mencionar que el operativo, liderado por la Policía de Investigaciones (PDI), resultó en un total de 41 detenidos, todos acusados de formar parte de una red dedicada al lavado de dinero, estafa y fraude a entidades financieras en la región de La Araucanía.