La jueza Jia Cobb, de Washington D.C. le da la razón con esta decisión a grupos de derechos civiles que argumentaron que la medida supone una violación del debido proceso legal.

En enero, Trump restableció la “expulsión inmediata” de inmigrantes, una política que ya aplicó en su primer mandato y que permite la deportación rápida de indocumentados que no puedan probar que llevan dos años seguidos o más en el país, sin que medie una audiencia.

Cobb explica que “priorizar la rapidez” “llevará inevitablemente al Gobierno a deportar a personas por error a través de este proceso truncado”.

La política de deportaciones rápidas fue denunciada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la principal ONG en defensa de los inmigrantes en EE.UU., en nombre de otra entidad proinmigrante

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