Garantizar el acceso expedito de las personas a la justicia cuando lo requieran, actuar con independencia, construir legitimidad, acabar con la acumulación de expedientes abiertos sin resolver y lidiar con las deficientes capacidades institucionales, son algunos de los principales retos que enfrentarán los poderes judiciales estatales de las entidades donde se eligieron por voto popular jueces el 1 de junio pasado y que, a partir de septiembre, comenzarán a incorporarse a sus respectivos puestos de trabajo, plantean expertos consultados por El Economista.
Si bien esos retos son prácticamente los mismos que enfrenta el poder judicial en su conjunto —tanto el federal, como los estatales—, cuando comiencen a trabajar los jueces electos democráticamente, serán ellos los que llamarán la ate