La máxima institucional “ diálogos para construir consensos ”, adoptada por la Procuraduría General de la Nación, expresa una disposición activa para fortalecer la relación entre la institucionalidad y la ciudadanía; mediante esta orientación, el Ministerio Público promueve espacios de participación que permiten recoger necesidades colectivas, facilitar el análisis jurídico e incorporar las expectativas sociales en el desarrollo de sus funciones; este enfoque constituye una forma operativa de materializar la defensa de los intereses de la sociedad, entendidos como aquellos derechos y bienes jurídicos reconocidos por la Constitución y la ley.

En este marco, la función de intervenir en procesos judiciales y administrativos adquiere mayor sentido cuando se articula con esta lógica de apert

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