La reciente oficialización de tres alianzas —Unidad Nacional, Fuerza y Libertad, y Venceremos— representa más que un hito en el cronograma electoral rumbo a las Elecciones Generales 2026: es la muestra de que cuando la autoridad actúa con firmeza, el abuso y la corrupción pierden terreno.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) enfrentó con decisión a un grupo de personas de dudosa reputación que, desde hace años, han encontrado en las tachas maliciosas un negocio rentable. Estas no buscan fiscalizar ni proteger la legalidad del proceso, sino entorpecer inscripciones para presionar y, finalmente, extorsionar a los partidos y alianzas políticas con pagos bajo la mesa a cambio de desistirse.

El modus operandi es conocido: una vez anunciados los nombres de las alianzas, corrían a la SUNARP p

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