El Perú atraviesa por una nueva etapa de crisis y polarización, un fenómeno que se agudizará conforme se aproximen las elecciones generales. En particular, la inseguridad ciudadana, que afecta directamente a millones de peruanos que vivimos bajo amenaza, se sitúa en estos momentos como un tema central en la agenda política.

En este contexto, emerge una creciente discusión sobre la conveniencia de denunciar el Pacto de San José y la consecuente salida de nuestro país de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH). Este debate, justificado o no, es consecuencia de una reiterada conducta que se percibe como ideologizada por parte de esta instancia internacional, y que interfiere de manera desproporcionada en la soberanía jurídica nacional. Su actuación, a menudo favorable a t

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