La reforma tributaria que Gustavo Petro pretende imponer desde septiembre no es un acto de justicia social, como insiste en repetir su gobierno; es un descomunal saqueo disfrazado de progresismo. Se presenta como un golpe mortal contra los ricos, pero en realidad es una emboscada contra la clase media y los sectores productivos del país.

El Gobierno promete recaudar entre 19 y 26 billones de pesos adicionales. Lo presentan como un triunfo de la equidad, cuando la realidad es que ese dinero no saldrá de las grandes “fortunas intocables”, sino del bolsillo del ciudadano común: del que compra un carro híbrido, del que fuma, del que apuesta en línea, del que paga una cerveza, del empresario mediano que genera empleo.

El desbalance fiscal es alarmante. En el primer semestre de este año el déf

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