Mariela jamás imaginó que un gesto de solidaridad hacia una compañera de trabajo terminaría en un conflicto judicial. Madre soltera, en pareja y con una hija de 3 años -que posee un Certificado Único de Discapacidad-, había accedido a un departamento a estrenar a través del Programa PROCREAR en el desarrollo urbano “Estación Buenos Aires”, en el barrio porteño de Parque Patricios.
Sin embargo, como al momento de la entrega de las llaves, en marzo de 2023, ella aún tenía vigente un contrato de alquiler hasta julio de 2024, tuvo que postergar la mudanza porque sino tenía que pagar muchísimo dinero para su cancelación.
En ese contexto, una compañera de trabajo de Mariela -la damnificada prefiere utilizar un nombre ficticio para preservar su identidad- le contó que estaba recién separa