La Municipalidad de Lo Barnechea ha presentado una querella por el uso de certificados falsos que justificaron pagos por un total de $900 millones en un contrato de retiro de escombros. El libelo fue presentado la semana pasada ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, representado por Felipe Alessandri.

En julio, la Dirección de Administración y Finanzas (DAF) detectó irregularidades en los documentos entregados por la Constructora Río Grande Limitada, que había ganado una licitación en mayo de 2024 para el desarme y retiro de escombros. El contrato tenía un valor máximo de 23.300 UF, equivalente a aproximadamente $917 millones. Hasta la fecha, se habían realizado tres pagos por un total de $302.762.369.

Sin embargo, la DAF comenzó a sospechar que los certificados de disposición final de residuos y los reportes diarios de camiones, que respaldaban el cuarto pago, podrían ser falsos. Martín Zagal, jefe del Departamento de Contabilidad, envió un correo a la empresa de residuos Greenrec Lepanto, que supuestamente había emitido los documentos. La respuesta de Greenrec confirmó las sospechas, indicando que el formato de los certificados no correspondía al que ellos utilizaban.

Esto llevó a la municipalidad a concluir que todos los certificados de disposición final asociados al contrato, incluidos los de los pagos ya realizados, habían sido falsificados. La situación podría haber sido aún más grave, ya que el cuarto pago, que no se llegó a depositar, ascendía a $598.615.874. En total, se justificaron pagos por $901 millones mediante certificados falsos.

Un memo interno del 1 de julio, enviado por la directora del DAF, Ximena Arriagada, cuestionó la labor del inspector técnico del servicio (ITS), quien no solo no detectó la falsificación, sino que aceptó el mismo documento en dos ocasiones, justificando los pagos dos y tres. Arriagada criticó que esto representaba una duplicación documental que afectaba la validez de ambos pagos.

Además, Río Grande Limitada informó que había subcontratado el traslado de residuos asociado al cuarto pago, lo que contraviene las directrices de Contraloría y la ley sobre subcontratación. Arriagada enfatizó que las prestaciones ejecutadas por terceros en un contrato público deben contar con respaldo formal.

La querella, presentada el martes pasado, está dirigida contra quienes resulten responsables por el uso malicioso de instrumento público falso y un eventual delito de estafa. El municipio argumenta que la validez y autenticidad de los certificados de disposición final son esenciales para respaldar financieramente los desembolsos municipales.

La investigación determinará si los escombros fueron efectivamente retirados, en qué volúmenes y si fueron dispuestos en un botadero autorizado. Para ello, se ha solicitado a la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones (PDI) que inicie una investigación. Además, se ha pedido al Ministerio Público que obtenga información de las concesionarias de la Autopista Costanera Norte y Autopista Central sobre el paso de los camiones que supuestamente retiraron los desechos.